La trascendencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) no radica en el impulso que le ha dado a la actividad comercial, sino en la certidumbre que le confirió a los inversionistas respecto al funcionamiento de la economía mexicana y, sobre todo, a las reglas del juego. Como cualquier instrumento económico, el TLC no resuelve todos los problemas ni beneficia de igual manera a todos los mexicanos, pero constituye un espacio de legalidad donde existen reglas claras del juego, así como los instrumentos y capacidad para hacerlas cumplir. Es decir, además de contribuir al crecimiento económico, se convirtió en un punto de referencia que le confería certidumbre al país en general. El gobierno mexicano estuvo dispuesto a aceptar limitar su capacidad de actuar de manera impredecible en aras de fomentar la inversión productiva. En este sentido, el TLC se constituyó desde su inicio en una garantía de estabilidad. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos alteró esa garantía de manera definitiva porque eliminó esta fuente de certidumbre al reducir el costo político de anular el tratado. De esta manera, permanezca o no el TLC, México tiene que encontrar nuevas fuentes de certidumbre. Y aquí yace el reto hacia el futuro: reemplazar la función política del TLC implica inexorablemente un cambio en la estructura política del país.
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