Edna Jaime / El Financiero
El gasto público es el instrumento más valioso con que cuenta el Estado para cambiar realidades. No es casual que el diseño del presupuesto 2019 sea la primera tarea en la que se ocupe el presidente electo y su equipo, pues en ningún otro instrumento como en éste, se traduce con tanta nitidez los temas y asuntos que el gobierno quiere privilegiar.
Pero no podemos olvidar que en el presupuesto también están las huellas de las decisiones pasadas. Un cúmulo de decisiones, pactos –confesables e inconfesables- e inercias que con el paso del tiempo se arraigan en la manera que se asignan los recursos en el país.
No hay posibilidad de una tabula rasa en esta materia. Aunque sí hay espacios para hacer cambios que permitan devolverle a este instrumento toda su potencia y potencial.
Las medidas de austeridad propuestas por el próximo gobierno plantean el objetivo de redimensionar el aparato gubernamental, lo cual deberá ser plasmado en las partidas de gasto del Presupuesto 2019.
Para el próximo año, se estima que tendremos un presupuesto de cerca de 5.5 billones de pesos (22.1 puntos del PIB). De mantenerse la estructura de gasto actual, de cada peso de esta bolsa de recursos se asignarán 45 centavos al pago de servicios personales y gasto corriente; 28 centavos para el pago de la deuda pública y subsidios para las entidades federativas; 15 centavos para el pago de pensiones y 12 centavos para inversión.
Típicamente los equipos de transición no han podido romper la inercia presupuestal. Las modificaciones tradicionales se han acotado al cambio de nombre de programas, o a la inclusión de los nuevos que se prometieron en campaña, sin que ello signifique romper inercias, ni hacer limpia en el portafolio de programas públicos para eliminar los que no generan ningún valor.
Así, a nuestro presupuesto se le han agregado tantas capas, tan pesadas, que ha perdido efectividad.
El presidente electo tiene ideas más audaces en materia presupuestal, cuyo foco se centra en la reducción de gastos suntuosos y en remuneraciones que le parecen desproporcionadas. El contenido simbólico y político de estas medidas es muy poderoso. En efecto, la reducción del salario del titular del Ejecutivo Federal conlleva un gran simbolismo político. Pero todavía no es claro si tendrá un efecto en donde lo debe tener: el bienestar de la población.
Por eso creo que el presidente electo puede ir más allá. Ser más ambicioso y proponerse una reforma administrativa del sector público federal y una reforma del gasto. Las dos entrelazadas.
Una reforma administrativa debería partir de la reconfiguración de las atribuciones del aparato administrativo, de una evaluación de las capacidades y perfiles que se requieren y determinar una remuneración para los servidores públicos en todos sus niveles, relacionada con la complejidad de la tarea, la responsabilidad que entraña y las capacidades que demandan. Una vez replanteado lo anterior, como cereza que corona el pastel, establecer un servicio profesional de carrera que pemita que en unos años nuestras burocracias se recluten, asciendan y se premien según aptitudes y desempeño.
Nos cuesta trabajo imaginar lo que una burocracia eficiente puede hacer porque en realidad nunca la hemos tenido, o la hemos tenido concentrada en algunas áreas.
Por su parte, el presupuesto público debe cumplir con una función multiplicadora de bienestar, generar una oferta eficaz de bienes y servicios públicos, así como garantizar condiciones para mejorar la productividad y crecimiento económico.
Un plan de reforma al gasto estará incompleto si no se acompaña de un análisis de los programas públicos, de una estrategia consistente para eliminar las áreas y programas ineficientes y redundantes, de un marco institucional renovado en el que se elimine el uso político de los recursos y de acciones para profesionalizar a los servidores públicos, así como la construcción de mecanismos de vigilancia en la designación de los puestos públicos.
A pocas semanas de que se entregue el paquete económico 2019, el equipo de transición tiene la oportunidad de emprender una verdadera transformación de la política de gasto y del aparato gubernamental. Ojalá que no sea como otros, que sólo plasman promesas de campaña en el presupuesto, haciéndolo, simplemente, más inútil.