Edna Jaime / El Financiero
La detención de Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) buscó la espectacularidad de una aprehensión fulminante, en un momento clave para la administración. Justo cuando anunciaba una senda reforma al sistema educativo mexicano. En un segundo plano quedó el tema técnico: cómo presentar ante la justicia un caso sólido, con pruebas y evidencia suficientes.
El primero y el principal cargo que se le imputó, fue el desvío de fondos por más de 2,600 millones de pesos provenientes de las cuotas de los agremiados sindicales. Meses después de su detención, se le acusó por un nuevo delito, un fraude fiscal –consumado en el 2009– por poco más de cuatro millones de pesos.
La estrategia de la Procuraduría fue imputar el esquema de desvíos de recursos como lavado de dinero y delincuencia organizada y esto se constituyó en la acusación central. Aunque se trataba de un delito más difícil de probar, permitía obtener un arraigo inmediato. Políticamente eso era lo que funcionaba.
Armar el caso tuvo desafíos. En los procesos contra el lavado de dinero, es fundamental ubicar el origen ilícito de dichos recursos. En este caso fue imposible: los recursos eran parte del patrimonio del SNTE, que nunca denunció irregularidades, malas prácticas o, mucho menos, un delito. Además de que no hay obligación de que los recursos de un sindicato se fiscalicen por una entidad del Estado mexicano.
Así las cosas, un juez federal decidió que las acusaciones no estaban suficientemente acreditadas.
La Procuraduría tampoco logró una sentencia condenatoria por el delito de evasión fiscal, que era el caso más fuerte. En mayo de 2017 un juzgado de la Ciudad de México dio la orden de absolución, al descartar las pruebas presentadas con el argumento de que ni el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ni la Procuraduría General de la República (PGR) comunicaron en tiempo y forma las pesquisas a la demandada, impidiendo con ello que la defensa pudiera presentar las aclaraciones correspondientes.
Si bien las fallas de la PGR en el caso de la Maestra son las más emblemáticas del sexenio de Peña Nieto, no son las únicas. Días después supimos que el caso del exgobernador de Veracruz también se diluía por razones similares.
El hecho es que la PGR resuelve muy pocos de los casos que conoce. Sobre todo los que implican cierto grado de complejidad como los descritos.
Entre 2007 y 2015, de las más de dos mil investigaciones iniciadas por la PGR, sólo dos de cada diez llegaron ante un juez y únicamente 132 desembocaron en una sentencia condenatoria, según la propia Procuraduría.
En cuanto al delito de lavado de dinero, de 112 casos en el mismo periodo, sólo 5 terminaron en una sentencia condenatoria para los implicados.
El sistema atiende mayormente casos en los que se configura la flagrancia o bien, casos menores, pero no tiene la capacidad de investigar delitos de mayor complejidad ni de orientar sus esfuerzos hacia una persecución penal más estratégica.
Con un aparato de persecución penal tan débil, es imposible ganarle la batalla a la corrupción, al crimen, a la impunidad. Justamente los temas que encumbraron al hoy presidente electo.
En estos momentos se discute el diseño de una nueva fiscalía. Una ventana de oportunidad que quizá no se presente en mucho tiempo. El primer paso para un proceso exitoso de transformación de la procuración de justicia es reconocer lo monumental del reto. Porque de lo que se trata es de construir capacidades, atraer talento, formar cuadros (en el marco de un esquema de servicio profesional de carrera bien planteado), diseñar modelos de gestión de casos y de investigación en una institución que no los tiene. Entre otras cosas porque no los necesitaba cuando el mandato no era el esclarecimiento de hechos para garantizar el acceso a la justicia, sino armar casos para intimidar al enemigo político.
Siempre hemos padecido de un aparato de persecución criminal deficiente. Pero hoy se hace escandalosamente notorio por la crisis de violencia en que vivimos y porque la corrupción ya no se puede esconder. Y porque la impunidad lastima más que cualquier otra cosa.
Y no hay capital político que aguante la repetición del patrón de siempre: impunidad por deliberada omisión, impunidad por incapacidad.
Gordillo o Duarte son expedientes que se registran todavía en la gestión de Enrique Peña Nieto. A partir del 1 de diciembre la impunidad corre a cuenta del próximo gobierno.